La Deuda Externa es la deuda del país con Organismos Internacionales y con privados. En 2015 las cifras, en millones de dólares, eran 28.825 y 73.664, respectivamente, con un PBI de 457.539. Luego de 4 años del desgobierno macrista estas cifras se transformaron en 72.716 y 121.986, respectivamente, con un PBI de 339.794. Es decir, la deuda con Organismos internacionales aumentó en 43.891 y la correspondiente con los privados en 48.322, con una disminución del PBI del 26%. O sea, el incremento de la deuda se utilizó para la timba financiera y la evasión, no para el aumento del PBI.
Ahora bien, cuando se habla de investigar la deuda hay que discriminar entre lo ilegal y lo ilegítimo. La timba financiera era legal, pero ilegítima. La evasión es ilegal, además de ilegítima. Sin embargo, dentro de la legalidad de la timba hubo actos ilegales, donde funcionarios actuaron en ambos lados del mostrador: gobierno y fondos de inversión. Por otra parte, el endeudamiento con el FMI fue ilegal a dos puntas: no pasó por el Congreso y violó el estatuto del organismo.
Está claro que la ilegitimidad debe tener un castigo político, mientras que la ilegalidad uno penal.
El Gobierno ha encarado la negociación de la deuda sin abocarse a una investigación previa. Podría tratarse de una decisión correcta, pero no conocemos los fundamentos, porque no se ha hecho el balance entre los perjuicios y beneficios que acarrearía para el país un default. El concepto de “honrar las deudas contraídas por un Estado soberano” se contradice con el otro que afirma que “no se pagará con el hambre del Pueblo” o, de manera más elegante, “no seremos rehenes de los organismos internacionales”, porque sin la investigación no habrá fundamentos para lograr quitas razonables y que los responsables de la ilegalidad paguen con sus patrimonios.
Indudablemente, un país económicamente dependiente como el nuestro sufriría perjuicios si se declarara en default, pero podría emplear esos dólares inmediatamente en la mejora de la calidad de vida del Pueblo y en el crecimiento económico.
No sabemos qué resultado daría ese balance, pero lo que está claro es que la negociación no debería hacerse bajo el ilegítimo paraguas de “honrar la deuda”.