Este trabajo está basado en los debates realizados en la Federación de Sociedades Gallegas, en los que intervinieron 27 organizaciones de DD.HH, Sociales y partidos políticos. Además, se ha tomado algunas ideas del trabajo de Juan Pegoraro “Una reflexión para la inseguridad”, Argumentos 1 (2), mayo 2003
Las causas de la inseguridad física
El sistema político-económico vigente en la mayor parte del mundo tiene una característica que es la generadora de una gran tensión social. Por el lado cultural logra la inclusión de la mayoría de la población, pero desde lo económico produce una gran masa de excluidos que se transforman en marginales sin posibilidades de inserción en el mercado laboral. Los medios de comunicación los incorporan a la cultura de la acumulación de bienes mientras que el sistema económico les niega los medios necesarios para que puedan acceder a ellos.
Hay un cincuenta por ciento de argentinos que son oficialmente considerados pobres y un veinte por ciento que viven en condiciones miserables y son nombrados con un eufemismo: indigentes. Por causas relacionadas con esas condiciones de vida, en las que la alimentación satisfactoria, la vivienda y la salud son metas imposibles de alcanzar, mueren por día 55 niños, 34 adultos y 15 ancianos. Sí, mueren por día sin balas ni puñales, sin accidentes ni emboscadas, sin descuidos ni secuestros. Mueren en el anonimato de la ausencia de cobertura televisiva, como una fatalidad en la que la impotencia de sus seres queridos se torna resignación o resentimiento.
¿Es de extrañarse la reacción violenta de quienes se niegan a aceptar el genocidio mansamente? Violan la propiedad privada y matan porque desconocen el derecho a la propiedad y el valor de la vida ha quedado reducido a la nada debido a la degradación moral en que se hayan inmersos. Violan las leyes no por debilidad sino por desprecio, porque representan el orden que reconocen como el responsable de sus condiciones de vida.
Los desposeídos también sufren la inseguridad física, porque el desamparo, la frustración y la degradación han producido una suerte de “desafiliación” entre parte de sus integrantes que ya no se mueven por lazos comunitarios regidos por la solidaridad.
Es cierto que sólo un pequeño porcentaje se vuelca al delito. Pero eso no justifica la caracterización que hacen quienes adhieren a la ideología de las clases dominantes: se trata de la maldad congénita e irrecuperable de cierto número de inadaptados que existen en todas las sociedades. Si se trata de hacer interpretaciones psicológicas, hay que buscar las causas en la existencia de personalidades fuertes, cargadas de odio y resentimiento por la vida que llevan junto a sus familias. La experiencia social ha enseñado que no son pocos los delincuentes que se han transformado en líderes de organizaciones piqueteras. Cuando se les da una contención social a través de la solidaridad en la lucha por las reivindicaciones del conjunto, se demuestra claramente la causa de su anterior comportamiento.
Sin embargo, la causa fundamental del aumento del delito no hay que buscarla en las acciones individuales o grupales espontáneas. Las bandas de delincuentes, alentadas, permitidas y, a veces, también dirigidas por la policía y otras fuerzas de seguridad, con la connivencia de funcionarios de gobierno, encuentran entre esos desposeídos a la carne de cañón: los jóvenes a los que inician en el correo de la droga, los asaltos y secuestros, para luego ser muertos o entregados como ofrenda a la eficacia policial.
Este es el panorama trágico de la inseguridad física, donde los muertos siempre los pone el pueblo, víctimas y victimarios, mientras los poderosos, los responsables directos o indirectos, gozan de una impunidad consagrada en leyes escritas o por jueces mafiosos y siguen encumbrados en puestos electivos dictando normas de decencia y “mano dura”. Son los que directamente están comprometidos con el crimen y la corrupción o los que generaron, apoyaron y se aprovecharon de la política económica que, desde el ´76, ha producido este pavoroso aumento de la miseria y la degradación.
La separación entre la inseguridad física y la social
El señor Blumberg se lanzó a una campaña de la inmediatez, a la búsqueda del remedio que reduzca los delitos rápidamente. Quienes lo acompañaron constituye una gran masa del pueblo que ha sido golpeada por la inseguridad física y que le exige al gobierno que se respeten sus derechos humanos. Fueron marchas socialmente heterogéneas, donde sectores de clase media que pedían penas más duras para los delincuentes fueron mayoría, pero también hubo sectores más humildes cuyos familiares habían sido víctimas del “gatillo fácil”.
Sin embargo, a pesar de los diferentes objetivos de los reclamos: dureza penal y control sobre la policía, hubo un denominador común sobre el que se montó el sistema mediático al servicio de los grandes grupos económicos para lanzar su ofensiva en todos los ámbitos de la vida social y política. Ese denominador común fue la ausencia de toda mención a la inseguridad social que vive el pueblo argentino, esa de la cual la inseguridad física es su expresión más publicitada y violenta, pero no por ello más trágica que la del lento genocidio que sufren la mitad de los argentinos.
No se puede ni se debe hablar de inseguridad física sin referirse a la inseguridad social. Su separación genera una brecha por la que entran los responsables de la explotación y la miseria para dividir al pueblo y seguir con su política de exterminio, debilitando las posibilidades de lucha contra sus nefastas consecuencias.
Es en este sentido donde debería entenderse la ofensiva de las clases dominantes. Al sistema que encarnan nunca le importó el aumento de la criminalidad, en especial si, como ya fue mencionado, también hay muchas víctimas entre esos marginales que ya no tienen lugar en el mercado laboral y, por lo tanto, sobran. Y no le importa porque la criminalidad no atenta contra los mecanismos fundamentales de reproducción del capital o la renta parasitaria, más allá de que algunos de sus miembros, muy ocasionalmente, puedan ser víctimas también. Por lo tanto, el aumento de las penas no está dirigido a combatir la delincuencia sino a las luchas populares.
¿Cómo puede una sociedad injusta castigar con justicia? La lógica de la política penal no tiende a castigar a los que delinquen, sino a preservar el orden social. La ley es aplicada por jueces, cuya lógica o racionalidad responde más a las relaciones de fuerza en la sociedad que al enunciado de la ley. No sólo se criminaliza a los débiles, sino lo que es peor aun, se favorece la impunidad de los poderosos.
La respuesta del Gobierno
El gobierno envió al congreso un plan de seguridad al mismo tiempo que Ruckauf y Casanovas se transformaban en voceros de Blumberg y pedían y lograban que se aumentaran las penas y se bajara a 14 años la imputabilidad de los menores.
Ese plan puede dividirse en dos partes. Por un lado, el de mediano a largo plazo, propone la creación de una nueva policía, juicios por jurados, fiscales barriales y concursos para que civiles puedan ocupar cargos de comisarios (¡en principio sólo para el 10% de los cargos!), y por el otro, el de la inmediata aplicación: aumenta el presupuesto policial, crea más cárceles y baja la edad de imputabilidad a los menores, atendiendo también los reclamos de Blumberg.
Mientras se cancelan miles de planes jefes de hogar y no se entregan nuevos, llevando a la desesperación a quienes cuentan con esos miserables 150 pesos como único ingreso para poder comer, el gobierno propone gastar 1000 millones para aumentar la seguridad física. La verdad es que la experiencia histórica ha revelado que nunca se logra disminuir la tasa del delito mediante un aumento de la represión, sino que suele tener un efecto contrario. Por cada joven muerto o detenido, hay dos o tres que están esperando su turno para reemplazarlo y ser nueva carne de cañón para las bandas armadas o protegidas por las “fuerzas de la inseguridad”. La disminución del delito en Nueva York no fue producto de la política de “mano dura” de ese otro showman de la política que fue Giuliani, sino del aumento de la actividad económica durante el gobierno de Clinton.
Hay una salida
La necesidad de acciones inmediatas existe y es un justo reclamo de la población. En primer lugar, la real erradicación de la connivencia político-policial que ampara a las grandes bandas dedicadas a los delitos contra la propiedad y los secuestros. No basta la ampulosa purga de oficiales de las policías porque los reemplazantes seguirán funcionando en el mismo sistema corrupto.
Por otro lado, hay que atender urgentemente a esta gravísima crisis de la inseguridad social en la cual la inseguridad física es su manifestación más violenta. El gobierno tiene en este momento depositada en los bancos la suma de 22.000 millones de pesos. Los acreedores de la deuda externa presionan para recibir un pago adelantado que demuestre “buena voluntad”. Ese dinero debería ser utilizado para paliar la espantosa crisis alimenticia, de salud y vivienda que asola a la mitad de los argentinos. Con la mitad de esa plata se podrían dar 300 pesos por mes durante un año a alrededor de 3.000.000 de jefes y jefas de hogar, mientras que con los otros 11.000 millones se podrían generar muchísimos empleos a través de la obra pública. El reciente anuncio del Gobierno de utilizar sólo 3000 millones para fines sociales es claramente insuficiente.
A eso habría que sumarle la necesidad de que el Congreso tomara seriamente en sus manos el fallo del juez Ballesteros para declarar la ilegalidad de gran parte de la deuda externa. El dinero que se está pagando en concepto de intereses debería utilizarse en el aumento de las jubilaciones, los sueldos de los estatales y la generación de una política crediticia con bajas tasas. De esa manera se comenzaría a salvar una deuda impostergable que es la que se tiene con el pueblo, y la reducción del delito comenzaría a sentirse inmediatamente.