Cuando hablamos de igualdad, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Igualdad ante la Ley o Igualdad de posibilidades para desarrollar nuestras vidas? Sin jueces corruptos la primera acepción sería accesible, la última es claramente inexistente. Las desigualdades socioeconómicas que sufre nuestra sociedad ponen en evidencia que a un amplio porcentaje de la población le resulta imposible acceder a una buena alimentación, salud y educación como para aspirar a mejorar su condición de vida. Esto es equivalente a decir que carecen de libertad para elegir, es decir, están sometidos a condicionamientos tan fuertes que no les permiten realizar una elección de vida. Aparentemente, tienen libertades personales, pueden trasladarse de un lugar a otro o quedarse sentados todo el día, pero eso es un engaño, la ficción que crea el sistema para hablar de las “libertades democráticas”, porque la verdad es que están confinados, restringidos, condenados a un futuro de miseria y frustración.
Cuando hablamos de Justicia Social nos estamos refiriendo a la necesidad de que haya Igualdad de posibilidades para todos, que todo el mundo tenga la posibilidad de elegir, sin condicionamientos, qué quiere hacer con su vida: trabajador, comerciante, profesional, empresario o artista, y que el resultado dependa exclusivamente de sus condiciones naturales y su esfuerzo. Lógicamente, para que esto sea posible, el sistema socioeconómico debería garantizar que todo trabajo tenga una retribución justa que permita una vida digna para el trabajador y su familia.