El Estado actual se presenta ante cada uno de los habitantes como independiente de las clases dominantes (terratenientes, banqueros y grandes empresarios) y como el garante de la Igualdad de todos ante la ley, en base a la libertad de cada uno para elegir a sus gobernantes. De esta manera, se propone como el responsable de la cohesión del Pueblo, constituido por la suma de todos los habitantes sin discriminación alguna.
Sin embargo, al separar lo político de lo económico, es decir, al considerar a cada habitante como sujeto de derecho para elegir a sus gobernantes y no establecer el derecho a una vida digna de todos, pone de manifiesto el carácter discriminatorio, porque permite que quienes tienen el poder económico determine las condiciones de vida de la mayoría del Pueblo.
De esta manera, se llega a la existencia de una enorme cantidad de necesidades insatisfechas, las que dan origen a las demandas sociales.
Para el Estado sólo existe un derecho cuando hay una ley que lo avale. Como no existe una que establezca que el salario del trabajador debe garantizarle alimentación, vivienda, salud y educación a toda la familia, esa demanda no es considerada un derecho. A tal punto de resignación se ha llegado, que no existe ni siquiera como demanda y tan sólo se habla de recuperación salarial y creación de empleo. Sin embargo, se trata de una necesidad insatisfecha para un enorme porcentaje de trabajadores ocupados y desocupados.
El pasaje de demanda a derecho sólo se logra a través de la lucha, porque es a través de la acción cuando se toma conciencia de la arbitrariedad de los impedimentos que existen para su obtención y, por oposición, de la legitimación de la demanda por una instancia superior como lo es un valor ético-moral: el respeto y defensa de una vida digna para todo ser humano. Este valor no forma parte de ninguna ideología, tiene un carácter absoluto y no debería estar condicionado por ninguna concepción económica.
Cada legislación en favor de los derechos de los trabajadores, les ha quitado una pequeña porción de poder económico a las clases dominantes pero, por tratarse precisamente de eso, una conquista económica sin ir a la cuestión de fondo, se sigue alimentando la ficción del Estado como representante de la voluntad soberana del Pueblo. El condicionante que impide avanzar hacia una vida digna para todo ser humano es la Constitución, a través de su defensa irrestricta de la propiedad privada de tierras, bancos y grandes empresas. Lógicamente, la viabilidad de toda lucha está condicionada por la correlación de fuerzas entre el Pueblo y las clases dominantes, pero también es cierto que la correlación de fuerzas no es una categoría estática, sino que encierra una dinámica que depende de la lucha. De cualquier manera, es cierto que siempre es necesario hacer una evaluación inicial, pero dicho análisis no debe impedir el avance en la caracterización de la realidad.